La Junta aprueba el nuevo decreto del sector público y lo tramitará como ley en el Parlamento.
Un nuevo decreto nacido del acuerdo con los sindicatos. El Gobierno andaluz ha aprobado el nuevo decreto de reordenación del sector público que incluye las incorporaciones de los sindicatos UGT y CCOO. El texto será tramitado como ley en el Parlamento de Andalucía y parte del acuerdo legítimo alcanzado con los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de la Función Pública.
Un debate sereno y esclarecedor en el Parlamento. Los socialistas hemos optado por una tramitación parlamentaria que ofrezca un debate sereno, esclarecedor y riguroso punto a punto y que clarifique las mentiras que se han vertido sobre el decreto. El objetivo de ese debate es profundizar en el decreto punto por punto y poner fin a los excesos.
El PP deberá definir su modelo. El PP tendrá que decir cuál es su modelo. No podrá esconderlo ni escamotearlo en el debate. Criticar sin propuesta alternativa constituye una gran flaqueza política. Será el momento para presentar su alternativa. Igual su objetivo no es ya derogar el decreto del sector público sino derogar el sector público.
La misma relación laboral, sin puerta de atrás para ser funcionario. Nadie será funcionario sin pasar por una oposición. Ningún funcionario perderá su condición ni se modifica el acceso a la función pública. Es imposible, además de falso, que en España, ni en Andalucía, alguien acceda a la condición de funcionario sin pasar antes por la correspondiente oposición.
El personal laboral lo seguirá siendo. Quien sea personal laboral de la Administración general continuará con esta condición. A quien sea trabajador laboral de los entes instrumentales, le ocurrirá lo mismo. Para ser laboral de la Administración general o funcionario deberá pasar los concursos pertinentes.
La adscripción a las agencias será voluntaria. La adscripción a las nuevas agencias será voluntaria. No existe obligación. Trabajarán en ellas sólo los funcionarios que así lo decidan.
El decreto tiene ya dos pronunciamientos favorables. El Defensor del Pueblo ya ha aclarado que no hay indicio de inconstitucionalidad en el decreto porque “no conculca el derecho constitucional de libertad sindical ni vulnera la negociación colectiva ni los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público”. El TSJ de Andalucía, además, ha archivado la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) al no estimar la existencia de delito alguno y al considerar que la Junta ha actuado en el ámbito de sus competencias.
Un sector público más austero y más moderno. El objetivo del decreto es reordenar el sector público para mejorar su funcionamiento. Se consigue además un ahorro de 180 millones de euros. Se suprimirán más de un centenar de empresas, organismos y entes públicos. Se crean tres tipos de agencias: Especial, pública-empresarial y administrativa, a las que se adscribirán funcionarios, personal laboral y trabajadores de las empresas, organismos y entes instrumentales.
La transparencia, prioridad del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía tiene en funcionamiento desde hace días un portal en Internet con toda la información. No hay letra pequeña. Ha imperado desde el primer momento la TRANSPARENCIA y la VOLUNTAD DE DIÁLOGO.
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