Oposiciones de Inspección de Educación.

De acuerdo con la convocatoria, para participar en el proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, grado o título equivalente; pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, y acreditar una antigüedad mínima de seis años como funcionario y una experiencia docente de igual duración.

Las plazas se cubrirán mediante concurso-oposición. La fase de oposición constará de una prueba en la que se valorarán los conocimientos pedagógicos de administración y legislación educativa adecuada a la función inspectora, así como los conocimientos y técnicas específicas para el desempeño de la misma. Esta prueba se dividirá en tres partes: desarrollo de un tema por escrito, exposición oral de otro y análisis de un caso práctico. Los aspirantes a las plazas previstas para los directores no tendrán que someterse a la fase de oposición.  Para más información en la página de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Es una oferta de plazas interesante, pero el modelo de acceso, al que se facilitará la entrada mediante concurso de mérito a los directores no ofrece otras modificaciones en su sistema de acceso. Son pruebas de alto contenido memorístico que seleccionan a inspectores adecuados a un modelo educativo del siglo pasado pero no acorde a los centros del siglo XXI. Más que la memoria, la puesta en práctica, la interpretación y aplicación de la legislación con coherencia y sensatez están por encima de otras cuestiones.

Hace tiempo que se discute la necesidad de la existencia de una prueba que pueda medir las habilidades, actitudes y aptitudes del inspector porque en cierta medida, un inspector es un agente social en los centros. Representante de la Administración por una parte, sus misiones se fundamentan en Supervisar, Evaluar y Asesorar el funcionamiento de los centros. Debe tener habilidades sociales para gestionar conflictos y para observar la puesta en práctica los aspectos legislativos y pedagógicos que generan las normas y debe hacerlo con eficacia y con eficiencia.

Por otra parte, se ha venido constatantando la falta de conocimientos sobre la existencia de planes y programas instaurados por la propia Consejería, como la implantación de plurilingüísmo, LyB o de las tics y la carencia en el manejo de la tecnología como instrumento incluso de trabajo. Siendo estos, sólo algunos aspectos sobre los que los aspirantes debieran mostrar su dominio pero que no se miden ni se demuestran de ninguna manera, y es por lo que debiera replantearse este asunto. Las habilidades sociales o las competencias tecnológicas se pueden medir con tests y pruebas prácticas en la que se usase en tiempo real internet o documentación en formato electrónico y la capacidad para la elaboración de un documento digital por ejemplo, revolucionaría  el procedimiento de acceso a la inspección y dotaría al sistema de los recursos humanos adecuados a la nueva escuela, estas carencias no están contempladas en el procedimiento. 

Es cierto que toda la normativa esta clasificada y es fácil acceder a ella, por tanto su simple memorización no debiera ser la vara de medida. Por otra parte, se facilita a los directores que no han ejercido en su vida estas funciones, el acceso mediante concurso de mérito y sin embargo, a los inspectores e inspectoras que ejercen su trabajo con carácter incidental o interino no se les valoran para nada las funciones desempeñadas. No es que se trate de un agravio comparativo, pero si además de suponer un hándicap en el acceso al puesto, la forma no se adecúa a los nuevos tiempos, obtenemos una plantilla de profesionales que no se ajustan al perfil del inspector de educación acorde a la escuela del siglo XXI.